Cárcel contra las protestas ciudadanas

La última de nuestros políticos de democrática bandera ya se está cocinando. Con la finalidad de echar más leña al fuego –personalmente creo que tarde o temprano al Gobierno le va a salir el tiro por la culata–, quieren nada más y nada menos que criminalizar las protestas y sentar por lo penal en el banquillo de los acusados a quien defienda sus derechos de manera pacífica, a lo Gandhi o lo Marthin Luther King, criminales confesos ambos.

Antes de meterse a “Presuntos Manifestantes”, yo personalmente les recomendaría que se metiesen a “Políticos” (no piden estudios superiores, idiomas, ni experiencia alguna, solo tener mucha cara dura y muy poca vergüenza) y esquilmaran/saquearan con la ayuda de un par de asesores, abogados y/o economistas avispados, alguna Diputación, Ayuntamiento o Consejería de turno, que legalmente sale ”más barato”.

La reunión pacífica y sin armas es un derecho recogido en el Artículo 21 de la Constitución Española. O lo era hasta ahora.

Venga Mariano, ¡más madera!.

Puedes firmar en contra de este despropósito en la página de ACTUABLE, “Criminalizar la protesta civil atenta contra los Derechos Humanos”. Para ello PINCHA AQUÍ.

Les copio a continuación el artículo que el periodista Ignacio Escolar ha escrito en su blog.

El Gobierno de Rajoy quiere blindar las calles, endurecer las leyes, encarcelar a los revoltosos y criminalizar a los que protesten. Nadie defiende –al menos yo no lo hago– las algaradas violentas. No debería ser necesario endurecer la legislación para castigar a esos pocos que las protagonizan, sean forofos del fútbol o antisistemas. Son delitos que ya están penados. Pero los planes del Gobierno utilizan los anecdóticos actos vandálicos como coartada para poner sordina al legítimo cabreo de la ciudadanía. Convertir protestas pacíficas en atentados contra la autoridad castigados con cárcel es una vulneración de los derechos civiles, un grave abuso que debería hacer saltar las alarmas entre aquellos que dicen defender la Carta Magna.

De entre todos los porrazos al Código Penal que ayer anunció el Ejecutivo destacan dos disparates. El primero, que la resistencia pasiva sea considerada como un atentado a la autoridad castigado con la cárcel. Reducido al oxímoron, atentado pasivo: dícese del ejercicio pacífico del derecho constitucional a la reunión y a la manifestación sin esperar a la bendición del delegado del Gobierno –algo a lo que la legislación no obliga–.

El segundo disparate: que la simple convocatoria por Internet vaya a estar penada por cárcel y se convierta en un delito de “integración en organización criminal”. En la práctica, convierte en un delito la difusión por la red de cualquier manifestación que no esté previamente autorizada. ¿Da igual que la convocatoria sea pacífica? Si alguien difunde la manifestación y después un vándalo hace el idiota, ¿la cárcel es para ambos?.

Es obvio que el Gobierno no está esperando a cambiar la ley para aplicar la política de mano dura, que forma parte de una estrategia muy estudiada contra el 15-M y otros movimientos de protesta. Las reformas que prepara el Gobierno coinciden de pleno con las instrucciones que ya está siguiendo la Fiscalía General del Estado. Tras la huelga general, los fiscales pidieron prisión provisional contra el actor Willy Toledo y contra dos manifestantes de Barcelona. Toledo cayó en manos de un juez sensato y quedó libre, ni siquiera había pruebas ni indicios sólidos. Los dos detenidos de Barcelona están acusados de actos vandálicos pero aún no han sido juzgados. Sin embargo, ya están en la cárcel, (y Jaume Matas, en la calle).